Numerosos marcos normativos, de naturaleza muy variada, interactúan en la gestión de la tierra. Son nacionales o internacionales, públicos o privados. Su puesta en marcha ha tenido lugar en épocas diferentes y su alcance varía mucho según el caso, ciertos son obligatorios y otros sólo voluntarios. Si las Directrices Voluntarias para una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, aprobadas en 2012 por el Comité para la Seguridad Alimentaria (CSA), están hoy en el centro de los debates que nos ocupan, no constituyen ni la primera ni la única iniciativa que trata de contribuir a regular la gobernanza de la tierra.

Con la finalidad de apreciar mejor su alcance, hemos considerado necesario recordar el universo en el que éstas están inscritas. En el presente texto nos interesamos sólo por los dispositivos internacionales, que implican al menos dos países. Cada país dispone de sus propios marcos normativos, constituido por las leyes reconocidas de manera formal y por los dispositivos “consuetudinarios”. No es cuestión de examinar aquí el conjunto de dispositivos normativos existentes a nivel nacional que tienen relación con el tema de la tierra.

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