Los procesos de apropiación y de concentración de las tierras cultivables por grandes empresas en numerosos países del Sur y del Este preocupan a la sociedad civil, a instituciones internacionales y gobiernos.

Con base en las contribuciones de los miembros del Comité técnico ”Tenencia de la tierra y desarrollo” y miembros de un grupo de trabajo ampliado, este documento caracteriza las diferentes situaciones que pueden ser observadas a partir de las informaciones
disponibles. Los autores se interrogan sobre el sentido de la palabra inversión y sobre los tipos de inversión que el mundo necesita para garantizar la seguridad alimentaria y la preservación del medioambiente.

Se distinguen los fenómenos de la privatización de los recursos ”comunes”, de aquellos de concentración de tierras reconocidas previamente como propiedad privada, subrayando lo novedoso o no de dichos fenómenos.

La problemática abordada forma parte de los retos globales de principios del siglo XXI que nos conciernen a todos. El empleo, la creación de valor agregado y su distribución, la producción de bienes alimentarios y de servicios ambientales ponen en relieve el interés general, y su regulación no puede reducirse únicamente a las leyes del mercado. Detrás del debate sobre los modelos de producción se esconden verdaderas elecciones de sociedad.

Las propuestas son construidas alrededor de dos principios: 1/ la defensa de los derechos existentes de las poblaciones sobre la tierra y los recursos y 2/ la necesidad de reconocer los derechos colectivos que permitan la compatibilidad de usos y de derechos privativos individuales con el interés general. Estos principios son abordados a distintos niveles: nacional, regional y mundial.

Los autores reconocen la importancia de la adopción de medidas voluntarias, pero subrayan que el problema no podrá ser tratado apoyándose únicamente en la buena voluntad de las empresas socialmente responsables.

Invitan, entonces, a las distintas partes involucradas a:

• contribuir desde ahora a la adopción progresiva de un marco jurídico obligatorio a nivel mundial; y

• desarrollar políticas y mecanismos que remuneren el trabajo y la efi cacia económica, y que redistribuyan las rentas que no hayan podido ser eliminadas, poniendo en funcionamiento una fi scalidad sobre las tierras.